Gobierno venezolano encabeza violaciones a convenios de la OIT

Las organizaciones independientes sindicales y de empresarios alertan sobre el retroceso de los derechos laborales en Venezuela, lo que se traduce en 52 reclamos ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, entre 1999 y 2011. Sin embargo, al revisar el compendio de los informes sobre las denuncias interpuestas ante esa instancia, se observa que el gobierno de Hugo Chávez concentra el mayor número de quejas desde 1952. Venezuela estaba sometida a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en la que las organizaciones sindicales democráticas estaban proscritas y operaban en la clandestinidad. No obstante, entre 1952 y 1956 las quejas ante la OIT sumaron ocho.
Después de ese período, en el ranking del Comité la siguiente denuncia se hizo en 1964. A partir de allí y hasta 1998 se registraron 47 quejas referidas a incumplimientos de los empleadores (Estado y empresas privadas) a los convenios 87 y 98 sobre libertad sindical y negociación colectiva, respectivamente. La característica dominante durante la gestión de Chávez ha sido que todas las denuncias son contra el Gobierno y son presentadas por organizaciones sindicales y de empleadores. Múltiples denuncias. Entre los casos más significativos del dossier está el despido masivo de 19.000 trabajadores de Petróleos de Venezuela en febrero de 2003. Pese a que la OIT solicitó el reenganche porque los empleados participaron en una huelga nacional por los derechos democráticos, el Gobierno negó esa posibilidad y llamó traidores a los huelguistas. También el Ministerio del Trabajo negó la inscripción de Unapetrol, sindicato de trabajadores de Pdvsa, y ordenó la captura judicial de sus dirigentes. Otro caso fue la imposición del Consejo Nacional Electoral del referéndum sindical en diciembre de 2000, pues el convenio 87 de la OIT prohíbe la intervención gubernamental en la vida de los sindicatos. Una queja que data de 2010 se refiere al asesinato ­la mayoría de ellos impunes hasta la fecha- de más de 200 dirigentes y trabajadores por violencia sindical y sicariato, principalmente en la industria de la construcción. Pero estos casos ­sustentados con documentación ante la organización internacional- son parte de más de 250 asesinatos reportados por la organización de derechos humanos Provea. Esta semana hubo otras 4 muertes violentas. Las quejas incluyen que 110 trabajadores y sindicalistas están sometidos a presentación en los tribunales judiciales por ejercer el derecho a la protesta pacífica y defender reivindicaciones laborales y dos dirigentes fueron condenados a penas desproporcionadas. Carlos Ortega, presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, fue condenado a 30 años de cárcel pese al llamado de la OIT de suspender el juicio; mientras que Rubén González, presidente del sindicato de Ferrominera del Orinoco, fue impuesto de 7 años y medio de prisión, medida que le fue cambiada a régimen de presentación. La creación de sindicatos oficialistas paralelos, la represión en la marcha del Primero de Mayo de 2010, el acoso a los trabajadores del sector público que no se identifican con el Gobierno, y la negativa a discutir contratos colectivos del sector público, son otras violaciones registradas. Tres misiones de alto nivel de la institución laboral internacional han estado en Venezuela para constatar in situ las denuncias de los sindicatos y los empleadores, pero el Gobierno no ha acatado las recomendaciones y sigue incumpliendo los convenios 87, 98 y 111 (discriminación política). La visita de una nueva misión ­aprobada por la Conferencia Internacional del Trabajo de junio de 2010 en atención a la solicitud de la Organización Internacional de Empleadores, OIE, y Fedecámaras- está prevista para después de las elecciones presidenciales del 7 de octubre. La 101 Conferencia Internacional del Trabajo por celebrarse en Ginebra, Suiza, entre el 30 de este mes y el 15 de junio próximo, tendrá como centro de reclamos la nueva LOT, elaborada y promulgada por el presidente Hugo Chávez mediante la Ley Habilitante. Los dirigentes sindicales y de organizaciones empresariales (Fedecámaras y Conindustria, entre otros) señalan que el mandatario pasó por alto la Constitución y el Convenio 144 sobre el tripartismo que conduce al diálogo social en dentro de la OIT y los países miembros. Tomado de El Nacional.