Justifican exclusión de empresas públicas de ley antimonopolio

El diputado oficialista Hugbel Roa, coordinador de la subcomisión de Industria y Comercio de la Asamblea Nacional, justificó la exclusión de las empresas estatales del ámbito de aplicación del proyecto de ley contra los monopolios y otras prácticas de similar naturaleza. Especialistas y gremios han advertido que la exoneración deja desprotegidos a consumidores y proveedores ante los abusos que cometan las compañías públicas, que son monopolios ­por decisión del gobierno del presidente Hugo Chávez­ en sectores como acero, cemento y electricidad. Roa dijo que las empresas que han sido asumidas por el Estado tienen como objetivo precisamente llegar hasta los sectores desatendidos por las compañías privadas por razones de negocio, y garantizar a todos los venezolanos el acceso a bienes y servicios.
El parlamentario agregó que las empresas estatales tienen a su cargo productos esenciales o de primera necesidad que, por tanto, no pueden ser tratados como otros. "Son para satisfacer las necesidades de la población y no para mercantilizarlos", aseguró. El informe para la segunda discusión del proyecto de ley será debatido hoy por la Comisión de Finanzas del Parlamento. Jesús Faría, vicepresidente de esa instancia, dijo que acabar con los monopolios es un mandato constitucional e ideológico. "Son estructuras propias del capitalismo", señaló. Faría agregó que esta práctica tiene consecuencias negativas para el desarrollo económico del país y para la distribución del ingreso. Inconstitucional La diputada por la oposición Vestalia Sampedro, integrante de la Comisión de Finanzas, rechazó el proyecto de ley contra los monopolios y otras prácticas de similar naturaleza porque viola la Constitución y busca concentrar más poder en el Gobierno. Sampedro precisó que la propuesta atenta contra principios constitucionales como la igualdad ante la ley, la libertad económica y la propiedad privada. Agregó que pretende imponer la reforma a los artículos 112, 113 y 115 de la carta magna, rechazada por el voto popular en 2007. La parlamentaria aclaró que no se oponen a la regulación de los monopolios, pues admiten que es necesario que el Estado aplique medidas correctivas para garantizar que esta práctica no perjudique el desarrollo de la actividad productiva y a los ciudadanos. El problema, dijo Sampedro, es que el proyecto de ley no busca garantizar la libre competencia ­para estimular la eficacia de la economía, necesaria para obtener diversidad de productos, calidad y disminución de los precios­ ni proteger al consumidor debido a posibles prácticas abusivas de los empresarios. "Esta legislación lo que pretende es crear un mecanismo que permita la concentración del poder económico en manos del Estado e imponer el sistema económico del modelo socialista, atacando la estructura del mercado y no corrigiendo los abusos de la posición de dominio", advirtió. Tomado de El Nacional.