Gobierno no logra controlar la minería

Al sur del estado Bolívar las voces de los indígenas han despertado un monstruo que parecía dormido: la discusión sobre la potestad del oro, la prostitución de la actividad y las denuncias sobre la incursión de personal militar en la explotación del mineral. La reciente detención y procesamiento de cuatro indígenas a través de un tribunal militar ha llamado la atención del país. Los dirigentes de la etnia pemón fueron imputados de haber participado en el desarme de 23 soldados que, presuntamente, habrían estado cobrándoles "vacunas" por la explotación del oro en las tierras bajo su custodia.
El episodio es uno más en la historia reciente de la capital del municipio Angostura, al suroeste del estado Bolívar: La Paragua. La línea del tiempo de esta zona minera ha tenido como denominador común el cuestionamiento de las políticas del Estado, ejecutadas a través del brazo militar. La crítica de los habitantes toma fuerza por el comportamiento del Ejército, cuyo antecedente más inmediato es la masacre de La Paragua, en 2006, en la que cuatro mineros y dos indígenas fueron asesinados por soldados del Teatro de Operaciones Número 5 (TO5) en un intento de despojarlos del oro. Esa disputa ha estado presente en todos los planes ejecutados por el Estado en su intento de ordenar la minería en la región, proteger el medio ambiente y erradicar la corrupción en la que han incurrido los militares. Los desaciertos del Ejecutivo se han complicado con la incursión de otro ingrediente: la penetración de bandas organizadas que controlan las minas, los mineros y sus riquezas; una especie de esclavitud tácita en la que el Estado tendría participación a través del componente militar. Recientemente, la penetración abierta de delincuentes quedó develada cuando fueron ingresados seis cadáveres a la morgue del hospital de Ciudad Bolívar, provenientes de La Paragua. Decenas de mineros alertaron sobre la existencia de más muertos a lo interno de la mina La Cochanera en La Paragua, producto del enfrentamiento entre dos bandas que, desde hace un año, mantenían una paz forzada. La policía negó la existencia de más cadáveres, pero tampoco se permitió la entrada de los medios de comunicación a la zona custodiada. Los hechos ocurren en medio de un intento gubernamental de aplicar el Decreto 8.413, que reserva toda la explotación y comercialización del oro al Estado. Tomado de El Nacional.