Aplicación de Ley de Costos empieza con descordinación

Los temores de comerciantes e industriales sobre las distorsiones que generaría la aplicación de la Ley de Costos y Precios Justos ya se comienzan a notar. En los primeros dos días de inspecciones se acusó a empresas y comercios de estar acaparando rubros básicos, sin embargo, las autoridades debieron rectificar en algunos casos cuando se dieron cuenta de que los inventarios detectados contaban con los permisos necesarios y respondían a la dinámica propia del mercado.
El jueves en la tarde funcionarios del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios (Indepabis), con apoyo de la Guardia Nacional, realizaron un procedimiento de retención y custodia de 66,5 toneladas de harina de maíz, de la marca comercial PAN, que estaban en un galpón de empresas Polar en la zona industrial de Coro, estado Falcón, según reseñó AVN. El coordinador estadal de Indepabis, Miguel González, indicó que la medida se tomó con base al artículo 5 de la Ley de Indepabis, que establece que el Ejecutivo puede dictar medidas extraordinarias para garantizar el abastecimiento de manera continua, eficaz y permanente, sobre todo de los bienes de primera necesidad. "La ley establece que cuando se encuentre mercancía, con o sin ocultamiento, el Estado puede intervenir para que llegue con mayor celeridad a las manos del pueblo. Nosotros lo que vamos es acelerar el proceso de distribución". Sin embargo, unas horas después, las autoridades reconocieron que la empresa contaba con los permisos necesarios para comercializar el lote de harina precocida. Cooperación truncada A la empresa Parmalat también le comisaron en su planta de El Vigía un contingente de leche en polvo que estaban envasando para colocar en el mercado. La industria aclaró que el alto volumen de materia prima encontrado en sus instalaciones responde a un acuerdo que alcanzó con el Gobierno para aumentar los despachos del producto y mejorar el abastecimiento en el país. En un comunicado la empresa señaló que presume que lo ocurrido "se trataría de un ejercicio de descordinación entre los funcionarios de la Guardia Nacional, Minal, CASA e Indepabis". Aclaran que no están acaparando y que este contingente de leche en polvo "fue asignado por CASA y el Ministerio de Alimentación, bajo la coordinación de la Cámara Venezolana de Industria Láctea (Cavilac) para llenarlo y distribuirlo desde nuestra planta de El Vigía, supliendo en parte la deficiencia que hay en el mercado". De vuelta al mismo discurso El presidente de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos, Pablo Baraybar, señaló que "nos preocupa que ya han estado visitando plantas en las industrias de alimentos y estamos confundidos. Hay industrias de alimentos a las que han acudido personas pidiendo información sobre productos de limpieza cuando esas empresas no fabrican esos productos". Agregó que se está "volviendo al discurso del acaparamiento", y alertó sobre las distorsiones que se generan en torno a esto. "Antes la industria tenía 90 días de inventario, ahora no llegan a 30 días porque nos dicen que acaparamos. Entonces, si tenemos mucho es acaparamiento y si tenemos poco es sabotaje".