El Movimiento Laborista de Venezuela no está de acuerdo con la aplicación de la Ley de Costos y Precios, por considerar que la misma controlará la actividad económica de toda persona natural, desde las pequeñas hasta las grandes empresas. Froilán Barrios, presidente de la organización sindical reclamó de manera contundente que este tema no puede ser tratado como una ley que sólo interesa al ámbito empresarial, "tiene que ver y mucho con los objetivos que el sindicalismo se plantea en logro del trabajo digno y de una economía solidaria que los laboristas la llamamos Sociedad del Trabajo.
Por tanto, no puede verse como herejía que los sindicatos tomen posición frente a un instrumento legal y coincidan con el patrono privado frente a un marco legal del Estado destructor de las fuentes de empleo de centenas de miles de trabajadores". Argumentó el dirigente laboral, que en la exposición de motivos de la referida normativa se expone que la Ley de Costos está hecha para frenar la especulación la cual produce niveles de inflación exacerbados, que terminan erosionando no solo el poder adquisitivo de la población, sino el potencial de las pequeñas y medianas empresas y con el comercio minorista, impidiendo el desarrollo económico de alternativas productivas y de mayor número de iniciativas empresariales. Insistió en afirmar Barrios que este instrumento legal tiene como fin controlar toda actividad económica de toda persona natural, desde las pequeñas hasta las grandes empresas, es decir taxistas, peluqueras, bodegueros, albañiles, mecánicos, etc y serán controlados por la Superintendencia de Costos y Precios quien le establecer el "precio justo" por su servicio y con potestad de imponer elevadas multas y el cierre temporal hasta de 10 años si desacata la decisión.
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