Consecomercio: Cierres y expropiaciones de comercio producen mayor inflación

Consecomercio indicó que las clausuras temporales dictadas por el Indepabis contra Farmatodo, Farmahorro, Central Madeirense y Unicasa causan mayor daño al pueblo sin que eso se traduzca en una "acción eficiente" contra las causas de la inflación. "El pueblo consumidor de bienes y servicios en el país ya sabe distinguir perfectamente entre lo que es inflación y lo que es especulación", reseñó un comunicado enviado por el organismo.
Califican de “preocupante e inquietante” que las autoridades del Indepabis acudan a una acusación infundada de que “todas” las redes comerciales y formales venezolanas estén operando sobre procedimientos “fraudulentos” en contra de los consumidores. El organismo considera que el país “necesita de políticas económicas aunadas a una sincera voluntad política de quienes gobiernan, para atacar las causas de la inflación en sus orígenes y evitar que el empobrecimiento colectivo siga expandiéndose”. Aseguran que las acciones que se requieren "no son, precisamente, expropiaciones de empresas privadas, incautación de tierras productivas y el cierre de comercios que, día a día, y en todo el país, satisfacen las demandas de bienes y servicios de parte de millones de consumidores. Mucho menos, medidas que traten de impedirle a los padres y madres de familias su encuentro con anaqueles vacíos, porque la producción nacional sujeta a controles de precios sigue descendiendo". Indican que lo que el país necesita es la promoción de más inversiones privadas "dirigidas a la apertura de más y nuevas empresas, a la generación de puestos de trabajo productivos y la puesta en marcha de una estrategia de desarrollo económico que nos inserte en el ámbito de la globalidad, en condiciones realmente competitivas, y apoyándose en una fuerza laboral que reciba salarios dignos y no le se niegue su derecho a vivir amparado por una seguridad social verdadera”. Informan que a partir 23 de noviembre, las empresas privadas y el ejercicio de la propiedad particular en actividades productivas estarán regidas por la Ley de Costos y Precios Justos y el hoy desconocido Reglamento “complementario” de dicha norma. “El país tendrá acceso a los argumentos con base en los cuales dicho empresariado demostrará porqué esa nueva Ley punitiva, antes que favorecer a los consumidores, terminará por potenciar las causas de la inflación y afianzar lo que el pueblo ya conoce: que no son los empresarios los responsables de la inflación galopante que se estableció en Venezuela desde hace más de treinta años”.